Y es un calificativo suave, muy suave, para referirme a la pandilla que ha ideado que nos debemos jubilar a los 67 años. Evidentemente esta patrulla de chorizos no están, ni subidos a un andamio, ni enfrentando golpes de mar. No, estos manguis de cargo oficial, viven a nuestra costa en despachos lujosos, les pagamos los viajes a la suegra que se va a Londres de compras, como en el caso de Zapatero. Les pagamos las subvenciones a las empresas donde trabajan las hijas, como el caso de Chaves, les pagamos los áticos de Lujo como el caso de Pepiño. Y así vamos...
Estos “lumbreras” nos dicen que no hay dinero para seguir manteniendo el sistema de pensiones. ¿Cómo va a haber dinero si esta pandilla de golfos -y los golfos anteriores- se han dedicado a despilfarrar el erario público en subvenciones a oeneges apandadoras, como la del orondo Esteban Ibarra, a regalar dinero a asociaciones de maricones, y mariconas, de Zimbawe, a perdonar la deuda a corruptos gobiernos de Sudamérica y de África, a perdonar la deuda a Bolivia, que nos chulea cuando quiere y que es un país rico, pues su hidrocarburos están nacionalizados? ¿Cómo va a haber dinero si el ciudadano soporta casi tres millones de funcionarios que solo van a calentar el asiento, cuando van? Porque uno se puede encontrar casos como el de la Dirección General de la Marina Mercante donde para renovar una tarjeta profesional te pueden hacer esperar casi un año, y eso si no extravían la documentación y tienes que volver a empezar de nuevo ¿Cómo va a haber dinero si en este país hay más de 77.000 cargos públicos a dedo? ¿Cómo va a haber dinero si Los más de 400 altos cargos del Gobierno Zapatero, sin contar los asesores, cuestan 82 millones, lo que supone más de 200.000 euros anuales?
Aunque eso quizá no sea nada comparado con el coste de uno de los grandes vicios de nuestros políticos: los coches de lujo. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, se mueve en un Audi A8 que cuesta 591.624 €. En realidad, está alquilado por la módica suma de 150.000 euros al año, (es decir, el precio de una hipoteca media) y sale, por supuesto, del bolsillo de los madrileños. El Audi es muy popular, ya que lo han elegido 14 de los 17 presidentes autonómicos.
El parque móvil del Gobierno andaluz, (con un cuarto de los parados que hay en España dentro de su comunidad), cuenta con 234 coches oficiales. Montero explica que sólo el Gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros extras a sus conductores que realizaron más de 850.000 kilómetros. Eso supone 2.300 al día, lo suficiente para cruzar tres veces España de este a oeste. Y eso en la comunidad autónoma más pequeña de España. Por supuesto, todos esos vehículos generan multas que paga también el contribuyente y muchas de ellas con recargo.
En España hay más de 77.000 personas que viven de la política. El mayor descontrol se produce en los ayuntamientos, cuyos responsables son cargos administrativos-políticos que no legislan, sino que se dedican a administrar. Sin embargo, su capacidad de decisión sobre terrenos y urbanismo les ha convertido en poderosos funcionarios y un objetivo al que tentar. La cosa no sería tan grave si al menos gestionaran con un mínimo de eficacia, pero no debe ser así, porque cada español debe a los bancos 566 euros por la deuda de los ayuntamientos.
En total hay 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán. Es decir, más de 77.000 privilegiados, contabilizando sólo altos cargos. En realidad, es tal el descontrol, que no hay en España ni una sola institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado. Y no sólo lo que cobran. El Congreso gasta cada año 160.000 euros en regalos navideños. 11.000 cargos públicos reciben obsequios en esas fechas y contribuyen a un montante total de 2.200.000 euros de gasto.
Pero no es solo eso: un político con cargo público solo necesita 7 años en el cargo para cobrar la pensión máxima.
La primera gran diferencia entre una pensión pública y una pensión de un alto cargo, o mejor dicho, entre un ciudadano y un alto cargo institucional, es que así como el ciudadano nunca podrá percibir dos salarios del erario público, el ministro, el senador, diputado, secretario, etc…, podrán percibir dos y tres salarios del Erario Público.
Es más, todos los contribuyentes deben tributar por sus ingresos, pero un tercio del sueldo de los diputados o senadores no está sujeto a IRPF porque se considera como indemnización para gastos de su cargo.
Además, todos nosotros debemos cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a la que tengamos derecho, sin embargo a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo y acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de jubilación.
Y este gran privilegio lo tienen gracias a la llamada pensión parlamentaria, que está prevista en el Reglamento de pensiones parlamentarias de fecha 11 de junio de 2006, que es la pensión que las Cortes Generales abonan con cargo a su presupuesto a quienes hayan sido miembros del Congreso de Diputados o del Senado durante al menos 7 años.
Esta pensión parlamentaria se creó para los supuestos en que los parlamentarios no alcanzaran el límite máximo de pensiones públicas. En esos casos las Cámaras abonarían la diferencia entre ese límite de pensión máxima y la pensión percibida por el diputado, en resumen, las Cámaras pagarán el dinero necesario hasta que el diputado alcance la base máxima de jubilación.
Curiosamente, esta pensión parlamentaria se establece según su “Exposición de Motivos” para equiparar a los parlamentarios españoles a la media de los países de nuestro entorno.
Indemnización por cese del parlamentario
Más gracioso todavía es el motivo que indican para justificar la indemnización por cese del parlamentario. Según la Exposición de Motivos del Reglamento de 11.06.2006, la dedicación a la actividad política parlamentaria obliga a dejar la ocupación habitual de modo que cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas dificultades. La dificultad más “relevante”, según esta Exposición de Motivos, es la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña cargo parlamentario.
Es decir, un parlamentario que al mes percibe como salario medio mensual 4.000 €, tendrá la gran preocupación de que cuando cese su cargo no tendrá la prestación de desempleo, así que, claro, esto supone una gran problema, por ello se establece una suculenta indemnización por cese.
Además, también se establece la indemnización que permita hacer frente al período de transición que se da entre la disolución de las Cámaras y la constitución de las mismas tras las elecciones en el que no es evidente si se va a continuar en el desempeño del cargo.
La indemnización por cese parlamentario será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite de 24 mensualidades. Esta indemnización además se abonará mensualmente.
Idénticos motivos se adujeron para justificar la indemnización por cese de los ministros, permitiendo que dicha indemnización fuera compatible con el cargo de diputado o senador o con cualquier otro tipo de remuneración.
De manera que cuando el ministro cesa en su cargo, tendrá derecho a una indemnización del 80% de su salario hasta dos años como máximo y tal percibo de cantidades la podrá compaginar con la remuneración por diputado o senador y cuando cese en el cargo de diputado o senador también tendrá derecho a una indemnización por cese que será una mensualidad por año de cargo y además tendrá asegurada la base máxima de la pensión de jubilación si ha estado en el cargo parlamentario al menos siete años.
Asimismo, podrá compatibilizar este mismo Ministro su indemnización por cesantía en el Parlamento europeo como es el caso de muchos ministros que cobran pensiones como ex comisario europeo por ejemplo compatibilizando esa pensión con su remuneración como ministro del Gobierno y cuando cese en ese cargo percibirá también la pensión del 80 % por cesantía como Ministro y así indefinidamente.
Y estos golfos son los que quieren que nos jubilemos mas tarde.
Pero no queda ahí la cosa. En Nijar, un municipio de la provincia de Almería l
os concejales del PSOE protestan porque el alcalde les va a congelar el sueldoALMERÍA
Los socialistas de Níjar critican que el alcalde hable de «congelar» salarios
Recuerdan que desde que gobierna el PP, los altos cargos se han subido el sueldo «en más de un 47 por ciento»
31.01.10 - 02:41 - R. D. | NÍJAR.
Los socialistas de Níjar critican que el alcalde Antonio Jesús Rodríguez hable de «congelar» este año los sueldos de los concejales del equipo de gobierno liberados y las dietas de los ediles por asistir a los plenos, «cuando desde su investidura se ha subido el sueldo en más de un 47 por ciento».
Los socialistas han reaccionado así tras la reciente aprobación del presupuesto municipal de este año en el que se reducen de forma considerable los gastos corrientes y de personal con el fin de hacer frente a la crisis económica. Entre las medidas adoptadas por el equipo de gobierno municipal se encuentran la no subida de los sueldos que perciben los ediles liberados y tampoco las dietas que reciben todos los concejales por asistir a los plenos. Los socialistas consideran que el alcalde «no debe hablar de congelación salarial» y recuerdan que lo que cobran los populares «supone un coste anual aproximado por cada miembro del equipo de gobierno de 7,5 millones de pesetas».
El portavoz municipal Rubén Rodríguez asegura que cuando gobernaban los socialistas éstos ganaban menos y tenían la mitad de ediles liberados que el actual equipo de gobierno. Rodríguez pide al alcalde que «informe a los vecinos de cuál es su sueldo que se ha aprobado para él y sus concejales, tal y como se comprometió en las pasadas elecciones municipales».
Dice que muchos vecinos «creen honradamente que su alcalde cobra 2.000 euros al mes, pero en realidad supera los 60.000 al año», y le solicita que «ese rigor del que hace gala lo aplique en la gestión económica municipal» para evitar la morosidad y el endeudamiento.
Con estas cosas, lo que es asombroso es que los españoles el mismo día del anuncio del retraso de la jubilación no hayan salido a la calle y corrido a gorrazos a los políticos en general y a los del PSOE en particular.Antonio Martinez
